‘Sobornos’: en juicio apuntan a Correa como ‘líder delictivo

El juicio por cohecho en contra del expresidente de la República, Rafael Correa; su exvicepresidente, Jorge Glas; el exsecretario de la Presidencia, Alexis Mera; la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte; el exsecretario de la Administración, Vinicio Alvarado; y otros 16 procesados en el caso ‘Sobornos’ se instaló ayer en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Esto, a pesar de estar pendiente por resolver la recusación en contra de  los magistrados, presentada por Fausto Jarrín, abogado del exmandatario.

Antes de exponer sus alegatos de apertura, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, manifestó: “Un Gobierno corrupto desprestigia la administración pública, traiciona la confianza del pueblo que lo eligió y lo condena a la absoluta pobreza”. 

Aseguró que entre 2012 y 2016 se instauró un sistema delincuencial  liderado por Correa, que operaba y coordinaba a través de varios de sus funcionarios, quienes en su calidad de servidores públicos actuaban de manera simultanea y arreglaban contratos para empresas privadas a cambio de recursos para la campaña del movimiento Alianza PAIS, lo que se configura en el delito de cohecho.

Salazar expuso que, durante el juicio, la Fiscalía probará que aprovechando la estructura del Ejecutivo, Correa receptaba sobornos para PAIS, gracias a que los acusados aprovecharon sus funciones para constituir una estructura criminal. Según la Fiscalía, se manejaron 7’797.588 dólares: 6’793.088 bajo como cruce de facturas y 1’004.500 en efectivo. Pamela Martínez, asesora de Correa, era la recaudadora oficial.

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Minutos tenía cada sujeto procesal para presentar sus alegatos.
Gabriela Moreira, defensora de Pedro Verduga, aseguró en su alegato que fue presionado por Martínez para que entregara aportes y así beneficiarse de concesiones de trabajos ya ejecutados anteriormente. No definió los montos, pero explicó que cuando testifique relatará cómo operaba esos pedidos.

Estos presuntos recursos ilegales se invertían en publicidad, sabatinas, servicios de traslados, entre otros conceptos, para la campaña electoral de PAIS sin que se hayan reportado al Consejo Nacional Electoral.
 

Coincidencia
Por su parte, el Procurador del Estado, Íñigo Salvador, acusador particular, concordó con lo expuesto por la Fiscal, ya que también mencionó que desde el Ejecutivo se constituyó una sofisticada red de corrupción que funcionaba, inclusive, desde la propia Presidencia de la República. 

Agregó que esa red operaba a través de la Secretaría Nacional del Agua, el Ministerio de Transporte, y el de Sectores Estratégicos. Según Salvador, dentro de esa estructura, Rafael Correa mantenía dos roles, gestionaba los recursos y a la vez se beneficiaba de ellos. 

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