Pedido de difusión roja para Patiño

Ayer se desarrolló la audiencia de formulación de cargos en contra del excanciller Ricardo Patiño, en el Complejo Judicial de Latacunga. 

El juez de la Unidad de Garantías Penales de Latacunga, Marcelo Palomo, decidió dictar prisión preventiva y hacer el pedido de difusión roja a la Interpol para Ricardo Patiño, después de que en la audiencia se confirmará que abandonó el país la tarde del miércoles con destino al Perú.

Franklin Morocho, agente fiscal de Cotopaxi, manifestó que desde la Fiscalía solicitaron al Juez que se dicte la medida cautelar de prisión preventiva, lo que fue acogido por el magistrado. Además, solicitaron el inicio de la instrucción fiscal por 90 días, dentro del proceso investigativo por el presunto delito de incitación. 

En la audiencia, el fiscal expuso alrededor de 10 elementos de convicción recabados durante la investigación que harían presumir la participación de Patiño en el delito tipificado en el artículo 363 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
 

Demandantes
Juan Carlos Machuca, quien presentó la demanda en contra de Ricardo Patiño, dijo que en la audiencia el fiscal presentó al juez los audios y videos, así como los peritajes, donde se evidenció lo manifestado por Ricardo Patiño el 27 de octubre de 2018 durante la convención de Revolución Ciudadana, donde hicieron un llamado a la resistencia combativa, a la toma de instituciones públicas. Además, presentaron la salida migratoria de Patiño, quien partió por vía terrestre hacia Perú. Se especula que, desde el territorio peruano, habría salido hacia México, hecho que no se pudo confirmar hasta el cierre de esta edición. 

EL DATO
Patiño salió la tarde del miércoles hacia el Perú, según consta en el registro migratorio. 

El delito de incitación está penado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) con una pena privativa de libertad de seis meses a dos años de prisión. “Nosotros esperábamos que con esa euforia que llamó a la resistencia combativa se presente a combatir en derecho en esta audiencia y no lo ha hecho”, aseveró Machuca.  
 

‘Apelaremos la decisión’
Fernando Yábad, abogado defensor de Patiño, manifestó que la decisión del juez sobre la prisión preventiva, una vez que sea notificada, se procederá a apelar la decisión porque cree que es arbitraria y desproporcional.

Sin embargo, estará en conversaciones con Patiño para tomar la decisión de solicitar asilo político en algún país. 
 

Acciones 
La Fiscalía, el sábado 13 de abril, solicitó a la jueza de la Unidad Judicial Penal de Latacunga, Beatriz Benítez, una orden de detención con fines investigativos para ampliar su versión, pero este pedido fue negado. Por esta razón, solicitarán al Consejo de la Judicatura que revise la actuación de la jueza y a la Contraloría General del Estado que realice un análisis al patrimonio. 

Sobre el tema, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, expuso su criterio en una cadena de tuits: “El sábado Fiscalía solicitó una orden de detención contra Ricardo Patiño cuando aún se encontraba en el país, de manera fundamentada. Una juez la desechó. El país no puede seguir así (1/4)… Solicitaré a los organismos encargados de control que revisen las actuaciones de la jueza Beatriz Benítez y verifiquen su patrimonio4/4”. (MT) 
 

Por responder ante la Ley
° El 3 de julio de 2018 se dictó prisión preventiva al expresidente Rafael Correa, vinculado al secuestro de Fernando Balda; desde Bélgica, Correa dijo que no volverá al país. El excontralor Carlos Pólit salió del país a Miami el 26 de mayo 2017; él es procesado por el delito de concusión (recibió 6’000.000 de Odebrecht). También, no responde a la justicia el exministro de Transporte y exsecretario del Agua, Walter Solís, a quien se le investiga por peculado. El exdirector del IESS y exministro de Industrias Ramiro González fue capturado en Perú y se está tramitando su extradición. El exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, al igual que Correa, debe responder por el secuestro a Balda. Carlos Pareja Cordero y su hijo Carlos Pareja Dassum fueron llamados a juicio, el 18 de mayo de 2017, por presunto lavado de activos, en el caso Petroecuador. Fernando Alvarado, acusado de peculado, burló las seguridades y ‘sin grillete’ abandonó el país. La exasambleísta Sofía Espín, quien es procesada por una presunta oferta de tráfico de influencias, y Carlos Ochoa (extitular de la Supercom) se encuentran prófugos en Bolivia.

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