Juez dicta nueva prisión preventiva para María Sol Larrea

 La Fiscalía abrió ayer una instrucción fiscal para investigar un presunto delito de lavado de activos, en el que además estarían involucrados su esposo, Marcelo Espín, su cuñado Carlos Espín y seis empresas ligadas a estos dos últimos.

Tras ocho horas de audiencia, el juez Máximo Ortega acogió parcialmente el pedido de Fiscalía y ordenó la prisión preventiva de Larrea, quien hasta ayer guardaba arresto domiciliario por otra causa de peculado que denunció la Secretaría Anticorrupción. 

Aunque el fiscal Mario Muñoz pidió esa medida cautelar para las tres personas, el Juez dispuso medidas sustitutivas para el cónyuge y cuñado, quienes deberán presentarse cada lunes ante la Justicia. Además, tienen la prohibición de salida del país y de enajenar sus bienes. 
 

Investigación
De acuerdo con la teoría fiscal, mientras Larrea se desempeñó en la coordinación del IESS, entre 2008 y 2013, las compañías Dialilife, Serdidyv, Dialcon, Dialivida, Sociedad de Hemodiálisis y Representaciones Guaderian se beneficiaron de contratos con esa institución. Muñoz dijo que Larrea junto a su esposo y cuñado, a través de la constitución de compañías en el sector de la salud, registraron como principal cliente al IESS, suscribiendo acuerdos por un monto de 35,8 millones de dólares. “En este período se adjudicaron millonarios contratos a estas empresas, incrementando sustancialmente su patrimonio”, subrayó. 

Según lo expuesto en la audiencia de formulación de cargos, cuando Larrea fue sentenciada en primera instancia por enriquecimiento ilícito, en el que obtuvo una condena de 20 meses por someterse a un procedimiento abreviado, recibió remuneraciones de 4.600 y 500 dólares por parte de compañías en las cuales su esposo figura como accionista.
 

Departamento de lujo
En su intervención, Muñoz mencionó que el 5 de agosto de 2015, pagó en efectivo 440 mil dólares por la compra de un departamento en Miami (EE.UU.) que luego fue transferido a otra compañía, Slar Corporation, constituida por Larrea y su esposo. Según las autoridades, este inmueble no refleja entre los bienes registrados en la declaración patrimonial de Larrea. 
 

Beneficiario de la pareja
El Fiscal detalló también que Carlos Espín, cuñado de Larrea, se benefició como accionista y representante legal de las empresas de cesiones y participaciones que Larrea y su esposo hicieron a su favor entre mayo y septiembre de 2018, por medio de cinco compañías, recibiendo más de medio millón de dólares. 

3’917.183
dólares sería el perjuicio ocasionado por este delito, según Fiscalía.
Incluso, Muñoz aseguró que el 28 de mayo de 2018, la procesada le entregó un poder especial que lo autorizó a realizar actos civiles, comerciales, administrativos y judiciales en su nombre y sin limitaciones. 

“Estas acciones pretendían ocultar el origen de los recursos que se beneficiaban mediante el uso de una estructura societaria compleja”, añadió.
 

Defensa
Teodoro Coronel, abogado de los implicados, aseguró que la Fiscalía no tiene elementos para sustentar el presunto lavado de activos. Resaltó que no se podrá demostrar que los dineros destinados a las empresas tengan un origen ilícito.  Añadió que en el expediente no hay un solo contrato suscrito entre Larrea y las firmas implicadas en este caso. 

Aclaró que mientras su defendida estuvo en la cárcel de Latacunga, sufrió un acto de acoso sexual que también está judicializado. La procesada cumplió su condena en el Centro de Rehabilitación Social de Ambato. (FLC)

 

Se benefició de la Ley
°  El asambleísta Fabricio Villamar dijo que mientras Ramiro González estuvo frente del IESS, fueron evidentes los actos de corrupción, pero que, ante la ausencia del principal responsable, María Sol Larrea, que fue su mano derecha, es la que está pagando las consecuencias, pues a su criterio, también tuvo responsabilidad en los hechos. “La Justicia tiene un camino suficientemente claro como para buscar las responsabilidades en toda esta gente”, comentó.

A su forma de ver, Larrea se benefició de los recursos que le permite la Ley para lograr rebajar el tiempo de su condena.

Sobre la decisión de reemplazar la prisión preventiva por el arresto domiciliario en la nueva formulación de cargos por peculado que se dio el domingo pasado, Villamar dijo que las medidas restrictivas de libertad son de última instancia. Agregó que el criterio del Juez es el que debe primar para saber si existe o no un riesgo de fuga y no comparecencia al proceso. 

Prontuario
 Los delitos de Larrea 

° La primera causa por corrupción que enfrentó fue en marzo de 2018 por enriquecimiento ilícito, cuya sentencia ya fue ejecutoriada con una pena de 20 meses. La Justicia calculó una reparación integral de 3,6 millones de dólares. 

° Esta causa se deprende de un informe de la Contraloría de mayo de 2017, que identificó un aumento no justificado en su patrimonio por 900 mil dólares mientras se desempeñó como directora del Hospital Carlos Andrade Marín del IESS. Por este hecho, se la condenó a cuatro años de prisión, pero por apelación de sus abogados su condena fue rebajada a 20 meses.

° En marzo de 2018, la Justicia la condenó a un año de cárcel por tráfico de influencias, por haberse encontrado irregularidades en la adjudicación de un contrato suscrito el 24 de octubre de 2012 a una empresa que brindó servicios de limpieza a los hospitales de Santo Domingo de los Tsáchilas y Babahoyo. Larrea fue sentenciada a un año de prisión.

° La tercera causa tiene que ver también con tráfico de influencias, que está en etapa de casación. Su condena fue de un año.

° El cuarto proceso se deriva de un análisis que detectó irregularidades en la adquisición de medicamentos. Las autoridades la sentenciaron por peculado a un año en calidad de cómplice y se le impuso la reparación integral de 440.000 dólares. 

° La Fiscalía investiga una nueva denuncia por peculado que formuló hace unos días la Secretaría Anticorrupción y que también tiene que ver con la adquisición de fármacos que habría generado un perjuicio al Estado de 6,5 millones. Dora Ordoñez, titular de esa institución, explicó que, para beneficiarse de una rebaja de pena, Larrea se acogió a un procedimiento abreviado, aceptando su participación en los hechos que en ese entonces se investigaban. Sin embargo, aclaró que, de llegar a sentencia en esta nueva causa por lavado de activos, la exfuncionaria no podrá acogerse a este recurso, pues es un delito que no lo contempla, pues la pena va de 10 a 13 años.

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