Así se cocinó la contribución de empresas a Alianza PAIS

Tal como en el cuento la ‘Sopa de piedra’, en el que un vagabundo va de casa en casa recogiendo ingredientes para preparar un caldo, el papel de Pamela Martínez Loaiza, exjueza de la Corte Constitucional, habría sido el de recolectar los ‘aportes voluntarios’ de empresas nacionales, multinacionales y contratistas del Estado.

El desenlace de la historia de la exfuncionaria, sin embargo, aún está por determinarse, pues ayer la Fiscalía General del Estado dictó la prisión preventiva contra la exasesora de Rafael Correa por asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias en concurso real de infracciones.

En esta trama también estarían involucradas  María Augusta Enríquez Argudo (mano derecha de Vinicio Alvarado) y las asistentes de Presidencia,  Victoria Andrade y Laura Terán. La última y Martínez tienen que cumplir una prisión preventiva por 90 días, mientras dura la instrucción fiscal, y prohibición de enajenar bienes. Eso  dictó el juez David Lasso contra las exasesoras del Régimen del expresidente Rafael Correa. 

La audiencia de formulación de cargos en la Unidad de Flagrancia de Quito se realizó  a las 11:50, para ese momento la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, ya estaba en la sala de audiencias. Antes de subir a la sala prometió hablar con la prensa, pero luego de culminada la audiencia de formulación de cargos salió por el estacionamiento sin dar declaraciones. 

La fiscal Ruth Amoroso presentó el caso y una de sus evidencias clave fueron las copias de supuestos correos electrónicos enviados a Martínez y Terán donde coordinaban pagos desde distintas empresas a altos dirigentes de Alianza PAIS. 

Los nombres de las asambleístas Viviana Bonilla y Doris Soliz, así como del exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera salieron a relucir en la audiencia. 

Una vez que el juez David Lasso escuchó el expediente desde la voz del secretario, se permitió un receso de media hora para que las partes involucradas presentaran sus pruebas. 
 

Apelación 
Una vez que el juez Lasso determinó la prisión preventiva y prohibición de enajenar bienes, luego de una audiencia de más de cuatro horas, los abogados de Martínez indicaron que en los próximos tres días apelarán la decisión. 

EL DATO
Jorge Glas fue sentenciado, en primera instancia, a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita, y está recluido en Cotopaxi.
“El juez no cumplió con las garantías penales. Desde esa perspectiva debía cuidar que se cumplieran los protocolos y procedimientos necesarios para que se dé el debido proceso que es un derecho constitucional. Eso no se ha cumplido”, dijo a su salida uno de los abogados de Martínez, Gustavo García. 

Agregó que “simplemente se han hecho una serie de relatos con supuestos elementos de convicción, pero de ninguna manera se ha hecho el nexo causal y se ha podido determinar qué es lo que pasó”. 

Luis Muñoz, abogado de Terán, no ofreció declaraciones, Tampoco lo hizo la fiscal Amoroso, a su salida del recinto.

Gestión. Los allanamientos por este caso se realizaron en Quito y Guayaquil.

Antecedentes del caso
Los procesos contra Martínez y Terán, así como el allanamiento de siete inmuebles que se realizó ayer por la madrugada se dan como parte de una investigación de oficio de la Fiscalía General del Estado relacionada con un informe denóminado ‘Receta de Arroz verde 502’, que es la base de un reportaje publicado en los portales La Fuente y Mil Hojas.

En ese documento, que Martínez recibió en febrero de 2014, se detalla cómo empresas nacionales, multinacionales y contratistas del Estado aportaron $11,6 millones de un total de $14,1 millones proyectados al movimiento Alianza PAIS (AP).

La recolección del dinero se habría hecho en efectivo ($4,6 millones) y a través de cruce de facturas ($7 millones). Algunas de las compañías que entregaron los ‘aportes voluntarios’ utilizando un sistema de códigos fueron: Constructora Norberto Odebrecht (código V7), SK Engineering & Construction (V8), Sinohydro Corporation (V14), Grupo Azul (V12), Telconet (V11), China International Water & Electric Corp-CWE (V9), Fopeca y Sanrib Corporation (V10), entre otras. 

EL DATO
Pamela Martínez, según el informe, distribuía el dinero a los miembros de AP, con la autorización de Jorge Glas y María Duarte.
En el informe que se le confió a la exfuncionaria, también conocida como ‘Esmeralda del Mar’, se detallan los montos y las fechas en que las firmas involucradas hicieron aportes económicos entre noviembre de 2013 y febrero de 2014, para la campaña del binomio Rafael Correa-Jorge Glas.

El sistema de claves, que es similar al del caso Lava Jato, en Brasil, o el de Perú, con Alan García a la cabeza, permitió que los presuntos responsables de esta trama de corrupción se mantuvieran ocultos detrás de siglas (Ver Recuadro).

Correa rechaza los datos que se revelaron en el reportaje. “Yo gané las elecciones el 17 de febrero de 2013, y fui posesionado el 24 de mayo. Si ustedes ven, son tan torpes, que dicen que los ‘aportes’ fueron desde noviembre de 2013, es decir… ¡cuando yo YA era presidente!”, escribió.

Un personaje que sería clave en esta trama, según el reportaje, es Bolívar Sánchez Rivadeneira, quien a través de sus empresas Sanrib Corporation de Ecuador y Panamá, actuó como puente entre las multinacionales y los proveedores de Alianza PAIS. A este personaje se lo vincula con Gezhouba, contratista de la central hidroeléctrica Sopladora y del proyecto Bulubulu, también con China Machinery Engineering Corp.

Silencio. Los abogados no emitieron declaraciones tras la audiencia.

Algunos ejemplos
Para entender cómo se cocinaron los aportes basta ver el caso de Odebrecht (código V7), cuyo contacto fue Geraldo Pereira de Souza, ejecutivo de la constructora, quien fue investigado en la trama de corrupción que llevó a prisión a Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera. 

Odebrecht, que recientemente cambió su nombre a OEC y es investigada en 12 países por una trama de corrupción internacional, entregó $2,5 millones en efectivo. Lo hizo en ocho partes y en diferentes fechas. Según el informe, ese dinero fue gestionado por Glas.

El exvicepresidente, también pidió $1’500.000 a V8, SK Engineering & CO, por intermedio del CEO Mateo Choi. Uno de los contratos que esta firma logró con el Estado fue el de la repotenciación de Refinería Esmeraldas.

Glas también tuvo acercamientos con el exembajador Cai Runguo, representante de Sinohydro Corporation (V14), que habría aportado con $500.000.

A esto se suman las negociaciones que mantuvo con William Phillips Cooper, representante del Grupo Azul (V12), que entregó $20.000 en efectivo, con Tomislav Topic, gerente de Telconet (V11), quien se comprometió a entregar el monto de $500.000 en efectivo y la estatal China International Water & Electric Corp-CWE (V9), que se habría comprometido a cancelar $1’000.000. Esta última compañía, en consorcio con la rusa Inter Rao, fue contratista del proyecto Toachi Pilatón, en Pichincha.

La empresa Fopeca, según el reportaje, también pudo haber aportado $240.000, usando códigos tales como MAE, VB y Corcho, posiblemente relacionados con María Augusta Enríquez (excoordinadora presidencial en 2013), Viviana Bonilla​ y Fernando Cordero.
 

Los allanamientos
Aunque esta trama ocurrió entre 2013 y 2014, recién el domingo se allanaron siete inmuebles. Según la Fiscalía, cuatro incursiones se realizaron en Quito (dos domicilios y dos empresas) y tres en Guayaquil (una vivienda, una empresa y un estudio jurídico).

Las intervenciones se hicieron por la madrugada con apoyo policial, ante los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos.

El operativo se enmarcó en la investigación a Martínez y a Terán y se ejecutó luego de que el sábado, la Fiscalía anunciara la apertura de una investigación previa, a raíz del reportaje publicado en los portales La Fuente y Mil hojas titulado: ‘Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador’.

La Fiscalía informó que las investigadas “habrían mantenido relaciones contractuales con el Estado, en las cuales se administraban y movían fondos mediante un intrincado sistema de recaudación de efectivo y a través de cruce de facturas”. (JN/DAB/JDC)

 

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