En el mejor de los casos, hasta el final de 2019, el Gobierno deberá encontrar fuentes para financiar un déficit fiscal (gastos mayores a ingresos) de entre 3.200 millones y 3.600 millones de dólares.
Un gran alivio para cubrir en parte ese hueco debería venir de varios desembolsos de organismos internacionales que se encuentran pendientes, e incluso en suspenso, debido a los problemas que han tenido las autoridades nacionales para concretar reformas y medidas de ajuste, como la eliminación de los subsidios a los combustibles.
A esto se añade la alta conflictividad política y social que estalló desde los primeros días de octubre pasado.
500 millones por organismo
A pesar de que la próxima semana estaría nuevamente en Ecuador una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de continuar con las revisiones periódicas, hasta la fecha no se sabe si el multilateral concretará los 500 millones en financiamiento, que no se aprueban desde mediados del mes pasado.
Las perspectivas de que esos recursos lleguen este año son cada vez menores, a criterio de Víctor Rosales, economista y analista de mercados internacionales, debido a que todo estaba atado a que el Gobierno implemente reformas que aseguren el cumplimiento de metas cómo mayores ingresos, incluida recaudación tributaria, por al menos 2.500 millones hasta 2021.
EL DATO
De 2018 a 2019 se arrastró un saldo de más de 1.000 millones”, según Víctor Rosales.“La Ley de Crecimiento Económico se hundió en la Asamblea y la eliminación de subsidios se hundió en las calles. Una nueva reforma tributaria apenas garantizaría 20% de la meta de ingresos adicionales”, dijo Rosales.
Otro desembolso pendiente, por 500 millones, debería venir a través del Banco Mundial (BM). Pero la incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal y la capacidad de pago de Ecuador a mediano y largo plazo enturbia el panorama.
Así, las principales calificadoras de riesgo han levantado las alarmas, como Credit Suisse, que dijo que las “repercusiones pueden ser severas» luego de que se archivó el paquete de reformas del Ejecutivo. J.P.Morgan, por su parte, afirmó que «se levanta bandera amarilla sobre la posibilidad de un ajuste ordenado en los próximos años». Moodys, asimismo, vaticinó que los últimos acontecimientos “generan incertidumbre sobre perspectiva fiscal».
Finalmente, 500 millones más deberían llegar por la vía otros multilaterales. Pero, si nada de eso se concreta, las posibilidades de financiamiento son muy limitadas, sobre todo tomando en cuenta que con un Riesgo País que llegó a 1.346 puntos, cualquier emisión de bonos tendría una tasa del 14%.
¿Recurrir a bonos?
Mauricio Pozo, exministro de Economía, considera que el Gobierno siempre podrá recurrir a bonos caros en caso de necesidad urgente, tomando en cuenta que diciembre es un mes de alto gasto público. “Todavía hay compradores interesados, pero eso se podría acabar si no hay medidas de fondo para equilibrar las finanzas públicas”, aseveró.
Una posibilidad, reconocida por el exministro de Energía, Carlos Pérez, es obtener créditos garantizados en los 88 millones de dólares que quedan de saldo pendiente de las llamadas preventas petroleras. El principal financista sería PetroTailandia con 600 millones para cerrar 2019.
“Otro mecanismo para pasar el fin de año, sin dejar de pagar sueldos y otros gastos prioritarios en el sector público, es dejar cuentas pendientes con proveedores.
