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Al Presupuesto General de 2018 le viene una carga adicional, se trata del pago de $263 millones en favor de la empresa petrolera Burlington, que demandó al país en 2008.

El desembolso de ese dinero fue confirmado por el Ministerio de Finanzas y se anunció para abril del año entrante. 

 

Esto deriva de una multa impuesta al país, luego de un litigio que duró cerca de una década, en la que se multó a Ecuador al pago de $338 millones de los que, según fuentes oficiales, ya se pagaron 75 millones, dejando un saldo de 263 millones para 2018.

 

“Pero este pago no estaba considerado en el Presupuesto General de 2018, se trata de un nuevo pasivo y puede complicar la ejecución presupuestaria”, opina el analista económico Alberto Acosta Burneo. “Se trata de un contingente que no estaba considerado. Se trata del costo de las decisiones equivocadas del pasado y no es el único que mantiene Ecuador”. 

 

La Proforma Presupuestaria de 2018 aprobada por la Asamblea asciende a $34.853 millones, cifra un 5,3% menor a la contemplada para 2017. Según el documento, el déficit fiscal para el próximo año ya se ubicaría en un 3,9% del PIB, equivalente a unos $4.100 millones, y el servicio de la deuda pública demandará unos $6.443 millones, o el 6,1% del PIB.

 

El Gobierno sostiene que su plan de austeridad se refleja en la reducción de ese 5,3%; sin embargo, Acosta asegura que el presupuesto de 2018 no se está ajustando y plantea un incremento del gasto total de 2%, de $626 millones en relación al Presupuesto de 2017”. 

 

El analista agrega que, para cubrir sus obligaciones con Burlington, el Gobierno deberá reajustar sus gastos. “Vemos que el Estado todavía depende del financiamiento y seguimos viviendo del endeudamiento. Tener que sumar estos millones que no estaban considerados significa que van a tener que endeudarse o se tendrá que recortar el gasto de algún rubro”.

 

Los antecedentes

El 21 de abril de 2008, Burlington presentó una demanda arbitral contra el Estado ecuatoriano debido a la aplicación de la Ley 42/2006, en la que se establece una redistribución de los ingresos extraordinarios producidos por el incremento en el precio del petróleo en los mercados internacionales. 

 

La petrolera estadounidense solicitó una indemnización de aproximadamente $1.500 millones más intereses; pero, en febrero de 2017, el Tribunal Arbitral emitió un laudo final en el que descontó en un 78% el valor del reclamo original, estableciendo como monto de compensación a favor de Burlington por un valor de $379,8 millones. 

 

Al mismo tiempo, se aceptó la contrademanda de Ecuador por daños ambientales y obtuvo un fallo favorable declarando a Burlington responsable de los costos de la restauración ambiental y a la remediación de la infraestructura de los Bloques 7 y 21, y dispuso que Burlington pague a Ecuador $41,8 millones que son descontados de los 379,8 millones anteriores.