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La Contraloría General del Estado emitió el segundo informe con responsabilidad penal en contra del expresidente Rafael Correa, en el tema de endeudamiento público.

El contralor Pablo Celi anunció este lunes que este organismo halló indicios de responsabilidad penal contra Correa y varios funcionarios, como exministros de Economía y Finanzas, exgerentes del Banco Central, exsecretario de Desarrollo y Planificación, entre otros.

El examen se lo hace en torno a entre $ 1.700 millones y $ 2.300 millones de Certificados de Tesorería (Cetes) colocados por el Ministerio de Finanzas entre enero del 2016 y diciembre del 2017.

Celi explicó que el examen estableció que antes de la emisión del Decreto Ejecutivo 1218 –ya observado en el anterior informe de deuda– se realizaron cinco colocaciones sin considerar requisitos de aprobación como el visto bueno del Comité de Deuda y el registro de los valores como parte de la estadística de deuda. Además, segmentos de Cetes fueron emitidos con plazos mayores a 365 días y otros sirvieron para pagar bonos y otros para pagar deudas con universidades y gobiernos seccionales, lo que no es el objetivo de este tipo de papeles.

Adicionalmente, tras cumplirse tres meses de haber sido emitidas al menos once recomendaciones por parte de la Contraloría sobre el primer informe de deuda, que también obtuvo responsabilidad penal contra Correa y otros funcionarios, el contralor dijo que se iniciará un examen para evaluar el cumplimiento de dichas sugerencias. Entre ellas estaba transparentar las cifras de deuda, crear un proyecto de ley para eliminar el decreto 1218 que cambiaba las normas para contabilizar la deuda, incorporar las preventas petroleras a la estadística y otros.

Celi también dijo que se examinarán los resultados del informe con indicios de responsabilidad penal sobre deuda que se dio a la Fiscalía.

El contralor advirtió, además, que están en proceso otros exámenes sobre endeudamiento. Dos de ellos se refieren a la contratación de abogados, bancos y agentes financieros vinculados con la contratación de deuda pública y otro examen a las operaciones con Goldman Sachs.

Ambos exámenes están avanzados, mientras que hay otros tres en proceso. Estos últimos se tratan de análisis sobre operaciones de dación en pago al Banco Central con acciones de la Banca Pública, así como un examen de ingreso, registro y utilización de los contratos de preventa petrolera.