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Perú comenzó el 2019 con un varapalo a su lucha anticorrupción por la polémica decisión del cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de destituir a los dos principales fiscales que investigan el caso Odebrecht en plena Nochevieja, cuando el país se preparaba para celebrar el Año Nuevo.

El anuncio fue hecho en una conferencia de prensa a escasas cuatro horas del cambio de año y publicado ayer en el diario oficial El Peruano, lo que provocó protestas en las principales ciudades del país.

Los fiscales cesados son Rafael Vela, coordinador del equipo especial que investiga el caso Odebrecht, y José Domingo Pérez, quien llevó a prisión preventiva a la líder opositora Keiko Fujimori y arrinconar al expresidente Alan García.

Pérez reunió indicios contra los dos líderes de la derecha peruana por presunto blanqueo de dinero para su campaña electoral, en el caso de Fujimori; y por pagos procedentes de la cuenta oculta con la que empresa acostumbraba a abonar sobornos.
 

Remezón interno
Los ceses son el último episodio de la guerra interna que se vive dentro de la Fiscalía desde que Chávarry asumió su dirección manchado por vínculos con un gran escándalo de corrupción judicial, que ha marcado la vida política del país en el último medio año y que a él le han valido una serie de denuncias ante el Congreso, que no decide tramitar.

Las razones esgrimidas por Chávarry para desprenderse de los dos fiscales es por supuestamente vulnerar constantemente los principios de jerarquía de la Fiscalía y de reserva de la investigación.

Sin embargo, los ceses llegan a escasos días de que el equipo especial firmase el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, que iba a dar un espaldarazo a las investigaciones.

El documento iba a ser rubricado el 11 de enero. “Creemos con la decisión que peligra la firma del acuerdo”, dijo al Canal el procurador para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez.