Correístas asilados en embajada de México salieron del país

Quito, EFE

El ministro de Exteriores, José Valencia, confirmó que un grupo de opositores políticos del correísmo que se encontraban refugiados en la embajada de México en Quito desde octubre, partió hoy hacia ese país con el permiso del Gobierno de Lenín Moreno.

«Hace unos momentos, los ciudadanos en cuestión tomaron un vuelo comercial hacia la Ciudad de México», dijo el ministro en una rueda de prensa aludiendo a varios políticos del movimiento Revolución Ciudadana (RC) que se habían refugiado en la embajada a raíz de la ola de disturbios de octubre.

Se trata entre otros de la asambleísta Gabriela Rivadeneira, su cónyuge Luis Flores, y otros a los que la Fiscalía del Estado les había abierto investigación por posible instigación durante la violenta ola de disturbios de hace tres meses.

En la embajada también se encontraban Carlos Viteri y su esposa Tania Pauker, Soledad Buendía y su esposo Edwin Jarrín, y Luis Molina (alterno).

Preguntado por los periodistas, el ministro no ofreció una lista de las personas que habían viajado y se limitó a decir que lo hicieron «todos los que estaban allí» (en la embajada de México).

«Luego de las violentas jornadas de octubre, un grupo de militantes vinculado al movimiento RC ingresó a la embajada de México y solicitó asilo diplomático a ese país. El gobierno de México informo días después que concedía el pedido», agregó Valencia.

Y precisó que el gobierno de Ecuador ha revisado «conforme a derecho dicha concesión» y los tratados internacionales, estando seguro de que «la conspiración para atentar contra la democracia y lo hechos violentos de octubre serán esclarecidos por la justicia y que sus responsables serán sancionados siguiendo el debido proceso».

Junto a ello, abundó, y «siguiendo la línea de respeto a los instrumentos internacionales que han mantenido el Gobierno, esta semana se comunicó a la embajada de México que se brindarían las facilidades necesarias para que esos funcionarios salgan de Ecuador».

La ola de disturbios de la primera quincena de octubre se originó por la eliminación del subsidio a los combustibles por el presidente Moreno -decreto luego derogado-, y en ella murieron una decena de personas y más de 1.500 resultaron heridas.

Durante los disturbios, distintos grupos de izquierdas, sindicales y del movimiento indígena cortaron vías y carreteras, poniendo en jaque el abastecimiento en el país y protagonizando fuertes enfrentamientos con las fuerzas del orden.

El Gobierno de Moreno denunció en su momento la actuación de interesados extranjeros y de grupos políticos afines al expresidente Rafael Correa que supuestamente instigaron a la violencia, por lo que se iniciaron causas contra varios de sus representantes en el país.

Correa y sus partidarios acusan a Moreno de haber iniciado una persecución política contra ellos, por lo que algunos salieron del país y un grupo se refugió en la embajada de México.

A juicio del ministro, el viaje a México bajo autorización «evidencia una vez más (…) que detrás del discurso de persecución política está un interés político de un sector que busca la impunidad ante los delitos por los que muchos son hoy procesados por órganos judiciales competentes».

Y al rechazar las acusaciones de persecución, consideró que «Ecuador regresó al orden democrático y respeta plenamente el ordenamiento jurídico nacional y las responsabilidad derivadas del derecho internacional».

Asimismo explicó que «la única manera de que nunca se repitan los ataques y persecuciones de manos del gobernante del turno», alusión a los años de gobierno de Correa, es «demostrar en los hechos que la democracia es la única respuesta», y que «la separación de poderes y el respeto a los derechos humanos son cruciales».

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